La avalancha de capital chino en Europa, que en 2015 marcó un récord histórico con más de 31.000 millones de dólares (28.000 millones de euros), ha sido bienvenida en un periodo de crisis y de caída de la inversión. En España, la inversión superó el año pasado por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares. Pero el capital chino empieza a levantar suspicacias por su creciente control de empresas europeas, el trasvase de tecnología y su entrada en sectores sensibles para la seguridad.
Algunos países europeos ya estudian fórmulas para poner coto a las inversiones del gigante asiático, dada la ausencia de un filtro comunitario. La Comisión Europea se limita a revisar el impacto sobre la competencia de las grandes fusiones empresariales. Pero a diferencia de EE UU, que somete a un control especial las inversiones extranjeras en infraestructuras, telecomunicaciones, tecnología o sanidad, la UE acepta sin cortapisas la entrada de capital en cualquier actividad.
A falta de un sistema de supervisión europeo como el estadounidense, las capitales de la UE empiezan a tomar medidas, lo que podría dañar la unidad el mercado interior europeo.
Alemania acaba de frenar dos importantes operaciones de inversión china (la venta del fabricante de microchips Aixtron por 670 millones de euros y la de la división de bombillas de Osram por 400 millones), para verificar las consecuencias de un posible trasvase de tecnología.
En París han saltado las alarmas incluso en un sector como la hostelería, sin implicaciones de seguridad, tras la participación accionarial china cada vez más elevada en Accor, uno de los mayores grupos hoteleros del mundo.
Y el gobierno británico de Theresa May ha aceptado a regañadientes la entrad de capital chino en la construcción de un reactor nuclear en suelo británico. Pero May ha advertido que adoptará una norma para reservarse el derecho de revisar y vetar cualquier inversión o fusión empresarial transfronteriza susceptible de poner en peligro la seguridad o los intereses de la economía británica.
Berlín también quiere arrogarse un derecho de veto similar al de Londres, equivalente a las acciones de oro que la mayoría de los gobiernos se reservaron en las compañías privatizadas en los años 80 y 90. Unos derechos de veto que se ejercieron, sobre todo en compañías de energía, telecos y tecnología, para garantizar que no serían desguazadas por ningún comprador.
Fuente Cinco Días
